Las leyes tóxicas pueden serlo por diversas causas. Una de ellas es que
el legislador regule una materia desequilibrando la balanza de la justicia, de
modo que su voluntad de proteger a una parte le lleve a perjudicar a la otra, en los contratos o relaciones entre esas
partes.
Un ejemplo de lo que digo lo constituyó, en su día, la ley de arrendamientos urbanos de 24 de diciembre de 1964. El legislador, en su intención de proteger a los arrendatarios, desequilibró el contrato de arrendamiento en perjuicio del arrendador de tal modo, que desmotivó a estos provocando el efecto, no querido por el legislador y perjudicial para los arrendatarios, de disminuir hasta su casi desaparición el mercado del alquiler de viviendas en España.
